Por Eduardo Lazzari. Historiador.
En esta cuarta y última parte, analizaremos cómo el período de 28 años en que se sucedieron cuatro destituciones de gobiernos constitucionales estuvo signado por la falta de sustento de planes económicos y los intentos de ordenar los grandes números fiscales y comerciales del país.
La secuencia de golpes de estado que se sucedieron desde 1955 con el advenimiento de la Revolución Libertadora, hasta 1983 con el final del Proceso de Reorganización Nacional, marca el más largo período de gobiernos de facto de toda la historia argentina: en 28 años se sucedieron 4 destituciones de gobiernos constitucionales y los militares tomaron el poder durante 17 de esos años. Fueron sólo los cuatro años de Arturo Frondizi, el año de José María Guido, los tres de Arturo Illia y los tres tumultuosos de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, los que completaron los once años de mayor debilidad institucional desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853 y sus reformas sucesivas.
Sin duda, tal secuencia de debilidad estructural de los gobiernos elegidos por el sufragio popular, en varios casos con limitaciones partidarias y en otros bajo el imperio de normas establecidas por los gobernantes de facto, no permitieron el sustento de planes económicos tendientes a ordenar los grandes números fiscales ni comerciales del país. El deterioro permanente de la balanza de pagos fue el marco habitual en el que los distintos gobiernos intentaron estabilizar la economía y orientarla hacia el crecimiento y el desarrollo para beneficios de la población.
También y sin embargo, hubo intentos sólidos de ordenamiento general de la economía, que desde diversas posturas ideológicas quisieron enfrentar el galimatías político del país a través de la mejora de las condiciones de vida de la población, lo que para lamento de los mismos ciudadanos, no logró concretarse en la continuidad del tiempo, lo que significó desperdiciar los sacrificios que todo ajuste de variables impone, sin obtenerse los resultados positivos que dichos esfuerzos propusieron como meta. Vamos a recorrer hoy los planes varios que distintos gobiernos llevaron a cabo para ordenar la economía argentina.
El plan de desarrollo de Frondizi
El 1° de mayo de 1958 asumió la presidencia el radical intransigente Arturo Frondizi, que había enfrentado como titular de la Unión Cívica Radical la escisión encabezada por Ricardo Balbín, que se terminaría quedando con el sello partidario años después. Frondizi, en un discurso memorable en el que hace una descripción dramática de la economía argentina en frases como “la gravedad de la situación ha pasado quizá inadvertida, tras un volumen de gastos (estatales) que, al tiempo que infundía una falsa euforia, contribuía a acelerar el proceso (de deterioro)”. Inspirado por su más cercano colaborador Rogelio Frigerio, dedica 1958 al sinceramiento de las variables: el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los salarios, esto último sin duda constituye una originalidad no vista en otros procesos de ajuste.
Lo notable de este plan es que se propuso inmediatamente acelerar la puesta en marcha de la planta de SOMISA en San Nicolás de los Arroyos, para tener una producción necesaria para la provisión de acero a las decenas de empresas automotrices que comenzaron a radicarse en el país, sobre todo en Córdoba, que pudieron así quintuplicar la producción de automóviles en tres años. Simultáneamente en un gesto simbólico, el presidente Frondizi asumió como presidente de YPF y nombró como su delegado personal a Arturo Sábato para llevar adelante un plan urgente de inversiones a través de la empresa estatal, que logró en 1961 triplicar la producción petrolera de 1958. Vale destacar que no se habilitó la explotación privada sino que YPF contrataba la exploración, el transporte y la explotación de pozos en forma directa a través de convenios públicos con petroleras privadas. A esta política industrial se sumó el esfuerzo de aumentar la producción y exportación de carne, ya que el gobierno sostenía la necesidad de tecnificación del agro como un elemento de dinamización veloz de la economía.
Al comenzar 1959 se puso en marcha el plan de estabilización, que contempló el ajuste del gasto público para encaminar el presupuesto hacia el superávit a través de un llamado a la eficiencia del Estado: “No produciremos nuevas estatizaciones, puesto que los graves problemas económicos que afronta el país no se resolverán transfiriendo actividades del sector privado al sector público”. La inflación se explicó así: “El forcejeo entre precios y salarios es consecuencia de la legítima resistencia de los distintos sectores de la población a aceptar un decrecimiento de su nivel de ingresos. Buscaremos el equilibrio en una economía de abundancia, en la que cada aumento de salarios signifique una conquista real y efectiva del trabajador en el goce de mayores bienes”.
Luego de las turbulencias producidas por la inflación, que en 1958 alcanzó el 31,6% y en 1959 se disparó hacia el 113,7%, para comenzar a bajar netamente en 1960 al 26,6%; en 1961 al 13,7% y llegar a la deflación en los tres primeros meses de 1962; se produce la consolidación del crecimiento del PBI, que con altibajos se mantuvo hasta fines de la década de 1960. Sin embargo, el contexto político se fue deteriorando por el compromiso de Frondizi de permitir la participación electoral del peronismo, movimiento liderado a la distancia por Juan Domingo Perón desde el extranjero. Puede afirmarse que la miopía de la mayoría de los jefes militares, que buscaban la desaparición del peronismo en vez de su incorporación a la vida política, hizo que el 29 de marzo de 1962 fuera destituido Frondizi, y se evitó un gobierno militar con la asunción del jefe del Senado, pero esa es una historia apasionante que no tiene que ver con los ajustes de la economía.
El ajuste de los militares integristas: Krieger Vasena
Casi una década después, cuando el plan económico inicial del gobierno de Juan Carlos Onganía, orientado por la llamada burguesía nacional comprometida a través del ministerio de Jorge Salimei, directivo de SASETRU, un conglomerado gigantesco de empresas productoras de alimentos, comenzó a mostrar signos de rápido agotamiento, se produjo un giro ideológico sorpresivo con la asunción de Adalbert Krieger Vasena, quien impuso un ajuste clásico conservador comenzado con una devaluación y acompañado por ajustes de tarifas de servicios públicos, que a diferencia del plan de Frondizi, congeló por dos años los sueldos con la anuencia de los sindicatos de la CGT, a los cuales el gobierno entregó prontamente el manejo de las obras sociales en 1968.
Para reducir el déficit estatal, Krieger impuso retenciones a las exportaciones, lo que condujo al estancamiento de la producción agropecuaria por una década. Se habilitó la explotación privada del petróleo, acabando con el eficaz monopolio de YPF, que terminó con el autoabastecimiento hacia 1970, lo que provocó un gran impacto en la economía cuando se produjo la llamada “crisis del petróleo” que multiplicó el precio del crudo hasta causar una debacle global, que afectó fuertemente al país. Simultáneamente se mantuvo el nivel de empleo con la concreción de gigantescas obras públicas como la represa de El Chocón, el túnel subfluvial entre Santa Fe y Paraná, el inicio de las obras del complejo carretero Zárate – Brazo Largo y otras muchas, financiadas a través de créditos de los organismos internacionales de fomento, y debe aclararse que los fondos fueron usados según lo comprometido.
El gran logro de este plan fue reducir la inflación al 6,9% en 1969, pero los levantamientos obreros y estudiantiles de Córdoba, Rosario, Corrientes y Tucumán hicieron que los jefes militares perdieran la confianza en Onganía, lo que alcanzó su clímax con el secuestro y asesinato del general Pedro E. Aramburu por los guerrilleros filo – peronistas del grupo Montoneros, provocando la destitución del presidente y el cambio de la orientación de la política económica del gobierno de facto.
El fin de la inflación cero: el Rodrigazo
En 1973, el advenimiento del tercer peronismo con la presidencia de Héctor J. Cámpora y el ministerio de economía para José Ber Gelbard, un empresario de filiación comunista que logró captar la atención de Perón (quien volvía a demostrar su falta de conocimiento en los temas de la profesión económica), iba a promover el lanzamiento de un plan de estabilización basado en dos premisas: un acuerdo económico y social entre empresarios, sindicalistas y el Estado llamado “Pacto Social”; junto con el diseño de un sistema de control de las variables económicas llamado “inflación cero”. No debe dejarse de lado el impacto de la decisión de los países productores de petróleo de suspender las ventas a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kipur en 1973, en forma contemporánea a la asunción del gobierno justicialista, lo que llevó a la multiplicación del precio del petróleo en forma abrupta en pocos días.
Que Gelbard sobreviviera al gobierno de Cámpora, de Lastiri, del propio Perón y recién renunciara a fines de 1974 durante la presidencia de María Estela M. de Perón, habla de la identificación del partido con la política que llevaba a cabo el ministro. El congelamiento de las variables económicas, como el tipo de cambio, las tarifas públicas, los combustibles, mientras los salarios aumentaban en forma fija a lo largo de la vigencia del plan, logró reducir a la mitad la inflación recibida en dos años. Pero las restricciones a la libertad de precios fueron provocando faltante de productos en los canales de distribución; creación de mercados negros; caída de la producción industrial y agropecuaria; lo que sumado al aumento constante del gasto público hizo que el sistema económico se convirtiera en una olla a presión, que no estallaba por el temor de los grandes actores de la economía frente al incremento de la violencia política provocada por las agrupaciones guerrilleras de izquierda, enfrentadas con el gobierno en una guerra abierta de características imprevisibles.
El ministro designado en octubre de 1974 para corregir los gigantescos desajustes del plan de Gelbard fue el veterano economista que había enfrentado una situación similar en el primer gobierno de Perón Alfredo Gómez Morales. Comenzó devaluando fuertemente el tipo de cambio, pero el contexto político de tensión entre los diversos sectores del gobierno (los seguidores de la presidente Martínez de Perón, el sindicalismo ortodoxo y la izquierda insurreccional) hicieron inviable cualquier abordaje profesional de la crisis, que se ahondó a mediados de 1975, cuando fue nombrado ministro Celestino Rodrigo, quien aplicó un ajuste ortodoxo hasta entonces nunca visto, que intentaba corregir desde su fijación por el Estado la distorsión de los precios relativos de la economía argentina, a la vez que equilibrar la balanza de pagos. Al asumir dijo una frase que marca el dramatismo del momento: “Mañana me matan o mañana empezamos a hacer las cosas bien”.
El gobierno anunció simultáneamente una gigantesca devaluación, un moderado aumento de sueldos y un gran aumento de tarifas públicas y combustibles. La reacción fue violentísima y la CGT por primera vez en la historia llamó a un paro nacional contra un gobierno peronista. La inflación se desbocó alcanzando niveles nunca visto en el país: en 1975 llegó a 182% y por 16 años no bajaría de los tres dígitos. El ministro duró sólo 45 días, pero en por una injusticia histórica que se le adjudicó al momento el mote de “Rodrigazo” al plan de estabilización, en vez de imponer a la crisis el nombre de los responsables de la situación que Rodrigo no pudo controlar. Es comparable a acusar por la muerte de un enfermo terminal al médico que intentó salvarlo.
La salida de la hiperinflación y el fin de la Convertibilidad
Dicen los buenos historiadores que para tratar un tema hay que tener la prudencia de dejar pasar veinte años de los acontecimientos que se estudien, y que los muy buenos historiadores deben dejar pasar veinte años de la muerte de los protagonistas de los hechos, para que nada sustraiga al investigador de las limitaciones de haber sido testigo del objeto de estudio. Por eso, dejamos para más adelante el tratamiento sobre los dos planes de ajustes provocados por las crisis de hiperinflación de 1989 a 1990, y por la crisis político -social de 2001. La calma del recuerdo y la falta de efectos políticos inmediatos de los hechos del pasado son siempre bienvenidos, y nos permite a los historiadores no caer en los debates que mantienen viva aún la pasión y nos alejan de la buscada objetividad.